La ciudadanía es una categoría conceptual que lleva alrededor de 2500 años en el mundo, la cual se ha acoplado a los distintos momentos históricos por los que ha atravesado la humanidad; pero sin duda, independientemente de la etapa histórica, dicha categoría promueve una serie de valores, actitudes y comportamientos deseables, benéficos y dignos de ser emulados, heredados por los filósofos de las culturas clásicas de Grecia y Roma, a saber, un ciudadano o ciudadana representa la virtud de la búsqueda del conocimiento, el interés por los asuntos públicos y el compromiso de velar por el bien común. Y si bien hoy día, la ciudadanía es más que el modelo cívico, pues esta representa un ejercicio pleno de derechos y una serie de responsabilidades para con la comunidad política, es innegable que ostentar el adjetivo de ciudadano o ciudadana, enaltece el cómo se debería actuar dentro de una democracia y en un régimen político dado.

La Ética Pública no es sólo una disciplina práctica, que busca guiar las conductas de las personas que se desempeñan en las instituciones públicas; también es una disciplina que trabaja en función de los problemas que atraviesan comunidades políticas concretas. El estudio comparado de los sistemas jurídicos y las herramientas de lucha contra la corrupción adoptados por diferentes países de Iberoamérica sirve de parámetro para evaluar sus ventajas, desventajas y pensar en futuras reformas.

La ética pública es la respuesta de la filosofía a los problemas de su tiempo. Los problemas evolucionan rápido; la filosofía no lo hace al mismo ritmo. Por eso los cambios en la ética pública se producen más despacio. No obstante, la filosofía, en su lento caminar, nos ofrece un conjunto de lenguajes, conceptos y valores que son imprescindibles para entender los problemas que tenemos. La ética aristotélica centrada en las virtudes, las éticas de la constancia y la fortaleza de estoicos y neoestoicos, los imperativos kantianos del deber y, por supuesto, también las éticas más actuales, centradas en la justicia y los derechos a partir de las perspectivas racionalista, igualitaria, liberal, pragmatista, ecologista o feminista, forman una herencia intelectual a la que no podemos renunciar si queremos afrontar estos problemas. El vínculo entre filosofía y ética pública es fundamental para entender tanto el papel de los gobiernos como las posibilidades y límites de la acción política en general.

Son cualidades ineludibles para guiar la función pública. Formar en valores éticos es una tarea fundamental para conducirse con integridad en el quehacer gubernamental y combatir prácticas corruptas. El conocimiento e interiorización en valores son trascendentales en virtud de que el servicio público vela por el interés general, en él se implementan políticas públicas que deciden el destino de un país, se administran los recursos de una nación y por supuesto los recursos públicos que se obtienen mediante las contribuciones de la ciudadanía.